Mi querido Tolico:
Ésta es una atalaya crítica. ¿Qué voy a decirte que tú no sepas? Pero, créeme si te confieso que, en ocasiones, me pregunto por el color de mi cristal, del cristal de mis lentes: ¿es razonablemente objetivo? Y me temo que estoy en la realidad, para desgracia de todos. Por si lo dudaras, que no lo creo, he aquí unas muestras tomadas de la prensa de hoy que reafirman mis tesis:
Alicia Fernández, me dicen que seudónimo de una persona que conozco, escribe hoy en La Voz de Galicia:
«¿Cómo vamos a superar la bacanal económica y social creada por un Estado, con perdón, 17 autonomías, 2 ciudades autónomas, 50 provincias, 8.114 municipios y miles de saraos públicos? Todas ellos con su kit de Famobil: sedes, mobiliario, funcionarios y funcionarias, fiestas, cargos políticos remunerados y manual de tráfico de influencias. ¡Ah, la versión española viene con licencia para despilfarrar!».
El diario El Mundo informa:
«ERC recupera su iniciativa para implantar en el Congreso las lenguas cooficiales» ¿Es ésta nuestra prioridad en estos momentos? Sin comentarios.
Por su parte, Juan Luis Cebrián escribe hoy en El País:
«Entonces, si no es solo el mercado, ¿quién tuvo la culpa? La respuesta es sencilla: los reguladores que no regularon; los controladores que no controlaron; los bancos que se implicaron en aventuras financieras de alto riesgo para sus clientes mientras ellos se garantizaban sus comisiones; los especuladores que no encontraron freno de ningún género y... los gobernantes. La eclosión de las hipotecas subprime en Estados Unidos se derivó en parte de las políticas de la autoridad federal, lo mismo que la burbuja inmobiliaria española es también consecuencia de las decisiones de cientos de ayuntamientos de financiarse a través de recalificaciones de suelo, embarcándonos, bajo la dirección y el amparo de los Gobiernos centrales y autónomos, en un modelo de crecimiento basado en el ladrillo y la consiguiente destrucción de nuestras costas. Muchas comunidades autónomas y las Cajas de Ahorro dependientes de ellas acompañaron, cuando no impulsaron de manera directa, esas políticas. La inflación de activos inmobiliarios es responsable del endeudamiento de nuestras familias, pero también de la escasez de recursos con la que ahora cuentan los municipios para honrar sus compromisos de pago y mantener prestaciones sociales que no tienen cómo financiar. La caída del mercado inmobiliario, todavía no tan estruendosa como sería preciso, afecta ahora a la financiación de las haciendas municipales y a las políticas de abundancia irresponsable que muchas de ellas practicaron».
Si el sistema de que nos hemos dotado en 1978 hace aguas, y es evidente que las hace, que estamos locos, si el sistema no es capaz de reaccionar con unos mínimos de cordura, habremos de ser los ciudadanos quienes forcemos la reinvención de la España del siglo XXI. Cómo hacerlo, cómo forzarlo, he ahí la clave.
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